Son muchas y multitudinarias las movilizaciones periódicas de los pensionistas reclamando como derecho una cuantía de jubilación digna y de cobertura universal.
Algunos piden una reforma constitucional que incluya un nuevo artículo cuya redacción blinde probablemente algún tipo de indexación que prevea la suficiencia de rentas en términos de poder adquisitivo de las pensiones y el carácter imprescriptible de su permanencia.
El caso es que el sistema de pensiones en vigor en el Estado español es el llamado contributivo y de reparto. Y paso a aclararlo. Lo de contributivo quiere decir que las pensiones públicas se pagan con las cotizaciones sociales de los salarios y de los empleadores y de reparto significa un vínculo de solidaridad intergeneracional en el que los trabajadores activos de cada momento pagan con sus cotizaciones el pasivo de las pensiones coetáneas.
En otros términos, el factor sostenibilidad de las pensiones presentes y futuras dependerá del saldo demográfico neto de la tasa de reposición, que hoy da como resultante una población longeva y envejecida, combinado con los valores de la tasa de empleo o si se prefiere de desempleo que en en este último supuesto son muy elevados.
De esta interactuación de factores adversos resultan unas pensiones amenazadas.
Retomando el punto de partida, el sistema de pensiones contributivo y de reparto hoy no puede garantizar unas pensiones públicas, universales y suficientes, sostenibles en el tiempo. Menos aún en cuanto a públicas y suficientes en un mercado fuertemente segmentado del lado del demandante de rentas salariales, que a la postre se resumen en dos categorías a su vez también muy estratificadas: insiders y outsiders.
Los primeros, en muchos casos, antiguos empleados en el sector público de la economía. Los segundos, vidas laborales intermitentes, discontinuas, cortas, a las que el sistema actual ofrece, en el mejor de los casos, unas rentas mínimas no contributivas. Estas son algunas de la variables endógenas del modelo español.
Algunos sugieren mantener el sistema público sustituyendo la variable contributiva o de cotización por otra de exacción fiscal, esto es, financiación mediante impuestos, bien de carácter general, por ejemplo impuestos indirectos, o bien impuestos más selectivos y progresivos o recargos fiscales, impuestos ad hoc, o alguna combinación de estos, cuando menos para los llamados programas focalizados de las no contributivas y otros parcialmente asimilados.
En mi opinión, lo único que puede cambiar la situación a futuro dentro del modelo vigente es revertir la tendencia de la tasa de reposición demográfica y una fuerte inyección de inversión (pública?) que genere la cuantía de empleo suficiente para equilibrar o compensar la ratio entre cotizantes y derechos pasivos.
Finalmente, todo esto queda en buena medida a expensas de la evolución mutifactorial de la variable exógena, que resumimos en la expresión "economía globalizada".
Es en esta economía abierta donde habrá que dilucidar la cuestión para intentar hallar la completud al planteamiento del problema.
